¿Te acuerdas de la última vez que usaste el celular para llamar a alguien? Probablemente no. ¿Te has parado a pensar cuántos vídeos ves a la semana? Muy posiblemente, uno o más por día. Nuestros hábitos de comunicación han cambiado radicalmente en los últimos años gracias a la mejora de las tecnologías, que nos han llevado a consumir cada vez más datos. Actualmente, los bytes que consumimos se traducen en reuniones online, música, vídeos en canales de streaming, juegos, almacenamiento remoto… y esta lista no hará más que crecer con la escalada de la red 5G y la ampliación del uso de IoT.
Además de la diversificación de los medios de consumo de datos, también ha aumentado el acceso a la red. Analizando solo el mercado de los dispositivos celulares, el número total de usuarios en todo el mundo alcanzará los 8 400 millones en 2022 y con una tasa de penetración del 106 %, según el Ericsson Mobility Report[1], publicado en el segundo trimestre de 2023. Esto significa más teléfonos celulares conectados que individuos vivos, una vez que el planeta alcanzó los 8 000 millones de habitantes el 15 de noviembre de 2022, según datos de las Naciones Unidas.
Y esto hablando solo del mercado de los dispositivos celulares, que no es más que una fracción del volumen total de consumo de datos. Desde una perspectiva más amplia, un estudio de Statista estima que, en total, se generarán 120 zettabytes de datos en 2023, un 23 % más que el año anterior, con la previsión de alcanzar los 181 zettabytes hasta 2025[2].
Este crecimiento acentuado del consumo de datos ha reavivado el debate sobre el reparto de las inversiones en infraestructuras de red. La cuestión en sí tiene más de 30 años, pero fue a mediados de la década de 2000 cuando empezó a resonar a escala mundial, centrada en el debate sobre la neutralidad de la red, tema del que hablaremos en este mismo blog post.
A partir de 2022, una variación de la forma tradicional de entender la neutralidad de la red adoptó el nombre de Propuesta de contribución justa (Fare Share Proposal), cuando 13 de las mayores empresas de telecomunicaciones de Europa se unieron para proponer que los grandes conglomerados consumidores de datos también paguen la factura de la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda. La propuesta está siendo debatida actualmente por la Comisión Europea y suscita discusiones en el mercado y los gobiernos. En este artículo exploraremos el tema de la contribución justa, con sus ventajas e inconvenientes.
¿Qué es la contribución justa?
El concepto de contribución justa (Fair Share) surgió en los años 90 e inicialmente fue apoyado por grandes operadores europeos de Internet pertenecientes a asociaciones como ETNO (European Telecommunications Network Operators, Asociación de operadores europeos de redes de telecomunicaciones) y GSMA (Global System for Mobile Communications Association, Asociación del sistema global para comunicaciones móviles).
Se trata de un modelo de financiación de redes de Internet que propone cobrar proporcionalmente a las empresas de la categoría LTG (Large Traffic Generators, grandes generadores de tráfico) por sus operaciones y no solo al usuario final que consume dichos datos.
El mecanismo propuesto por los operadores es el denominado SPNP (Sending Party Network Pays, pago por tráfico de la parte remitente), un modelo según el cual la red que origina el envío de datos (ya sean de audio, un archivo de imagen o un flujo de vídeo) debe pagar una cuota a la red de destino.
Beneficios de la contribución justa
Según los miembros de Fair Share, el 57 % de todos los datos que se consumen en el mundo son en formato de vídeo y cinco empresas tecnológicas (big techs) en el mundo fomentan más del 50 % de ese consumo[3]. Así, la contribución de los grandes usuarios de la red (conocidos como OTT, Over the Top) establecería una remuneración por el desempeño necesario en las redes para que los contenidos lleguen a los usuarios finales con la calidad adecuada, ya que hoy en día estos últimos solo pagan por el acceso a los servicios y no por la baja latencia que exigen el suministro de dichos servicios.
Basándose en el modelo de contribución justa, los operadores se ven a sí mismos como el eslabón entre los LTG y los usuarios finales, por lo que consideran justo compartir con los LTG los costos de infraestructura de red, evitándose con ello cargar al usuario final con dichos costos.
Muchos de los que están a favor de la reforma legislativa europea también la consideran una herramienta esencial para alcanzar los objetivos de conectividad del continente para 2030[4], lo que requiere invertir en infraestructuras de red. Las asociaciones de operadores de Internet e incluso las instituciones gubernamentales temen que, con el tiempo, las telcos vayan siendo incapaces de mejorar sus servicios, lo que afectaría a la calidad de las redes. Compartiendo los costos, este riesgo quedaría mitigado.
Desventajas de la contribución justa
Imagina una red de distribución de electricidad. Tanto si contratas el servicio de la compañía principal de tu ciudad como si utilizas fuentes de energía alternativas, toda la electricidad que llega a tu casa se distribuye indiscriminadamente a todos tus electrodomésticos. El frigorífico, la lavadora, la cafetera eléctrica, la ducha o el cargador del celular tienen niveles de consumo diferentes, pero todos reciben la misma energía. La compañía eléctrica no establece ninguna restricción en el uso de ninguno de estos aparatos, diciendo, por ejemplo, que no puedes usar tu ducha porque consume demasiado, o que tienes que pagar una tarifa especial para cargar tu notebook.
En resumen, esto es lo que llamamos principio de neutralidad de la red. Forjado por el profesor de Columbia Tim Wu en 2003, este principio tan fundamental en los debates sobre gobernanza de Internet establece que los proveedores de servicios no deben discriminar, restringir o favorecer determinados paquetes de datos, garantizando de ese modo los mismos derechos de acceso y navegación a todos los usuarios.
Esto quiere decir que la institucionalización de la contribución justa o de cualquier otra política que proponga tarifas diferentes para los grandes consumidores de red y ancho de banda violaría directamente el principio de neutralidad de la red, y los analistas señalan que sentaría un peligroso precedente para el futuro de la conectividad a Internet.
También se argumenta que estos enormes volúmenes de datos no circulan gratuitamente por las redes de los operadores. De hecho, el transporte de todos y cada uno de los datos enviados por los OTT, como en el caso de los grandes servicios de streaming de vídeo, es financiado por los usuarios finales que, al solicitar el contenido, pagan por su transferencia a través de sus suscripciones a internet.
Así, se puede interpretar que hacer pagar a los OTT por utilizar la red de telecomunicaciones para enviar sus datos podría convertirse en una forma de obtener un doble pago por el mismo servicio de transporte: se cobraría a los dos extremos de este envío, al OTT y al usuario final, por la realización de la misma transferencia.
¿Cómo se invierte en infraestructura digital?
La infraestructura digital y la innovación van de la mano. El ecosistema del mercado es intrínsecamente complejo, lo que exige elevadas inversiones en el ámbito digital para renovar continuamente los límites de lo que la tecnología puede alcanzar. El objetivo detrás de estas inversiones va más allá de mejorar las capacidades tecnológicas existentes, se trata sobre todo de entrar en nuevos territorios inexplorados, provocando una evolución constante en la expansión de Internet.
En el centro de este ecosistema, los operadores de telecomunicaciones desempeñan un papel vital. Invierten no solo en el mantenimiento y mejora de las redes de telecomunicaciones existentes, sino también en innovaciones de las redes de transporte, despliegue y ampliación de cables submarinos y satélites, proporcionando una conectividad cada vez más completa, especialmente en la última milla.
Por otro lado, las big techs y otras OTT también centran sus esfuerzos en áreas clave de este ecosistema. Sus inversiones suelen dirigirse a mejorar y ampliar los data centers, las redes de long haul (por ejemplo, de cables submarinos), la seguridad de los datos, el desarrollo de nuevos programas informáticos y productos digitales y, por último, la producción y difusión de contenidos, una de las principales demandas de los internautas de todo el mundo. Su existencia como parte vital de este ecosistema contribuye a la continua evolución del panorama digital en su conjunto. Puede decirse, por tanto, que operadores de Internet y big techs, aunque con enfoques de inversión diferentes, mantienen en movimiento los engranajes del avance tecnológico.
Relaciones comerciales entre telcos y big techs
Las relaciones comerciales entre las telcos y las big techs se basan tradicionalmente en la idea de que cada empresa o entidad es responsable de su propia infraestructura y, en consecuencia, tiene que asumir los costos correspondientes: un proveedor de contenidos, por ejemplo, paga la producción de sus propios servicios, así como su distribución a través de sus data centers, redes, CDN y cualquier otro costo de tráfico hasta el punto de entrega (o punto de interconexión) del servicio/señal a la telco. La empresa de telecomunicaciones, a su vez, se hace responsable de los costos de su propia red, incluido el acceso al cliente.
Así, la cuestión crítica en el debate actual sobre la contribución justa es el punto de interconexión entre big techs y telcos: en el contexto actual, las partes suelen negociar el precio de la entrega del tráfico IP y, si no llegan a un acuerdo, la interconexión no se lleva a cabo. En este punto, algunas telcos afirman que cada vez es más difícil negar la interconexión en caso de negociaciones desfavorables, y a menudo se ven obligadas a prestar el servicio a precios que no permiten cubrir el costo de la operación y, en algunos casos, incluso de forma gratuita, ya sea debido a normas locales específicas sobre neutralidad de la red o para poder atender la demanda y brindar la calidad exigida por sus clientes, de modo que no los pierdan ante la competencia.
Posibles consecuencias de la institucionalización de la contribución justa
Aunque la institucionalización de la contribución justa o incluso su adopción informal como práctica de mercado son todavía escenarios hipotéticos en la mayor parte del mundo, ya existen algunas predicciones por parte de importantes actores a favor y en contra.
Por un lado, se argumenta que los mercados de interconexión IP podrían sufrir cambios significativos: algunos OTT que se oponen a la contribución justa ya han declarado abiertamente que optarían por no brindar sus servicios en los países y territorios donde se aplique la medida, haciéndolo en el extranjero o incluso en “paraísos fiscales digitales” donde no se aplicara el impuesto.
Prácticas como éstas podrían dar lugar a servicios digitales que concedieran una baja consideración a los usuarios, poniendo en peligro factores sumamente importantes como la calidad y la seguridad. Y lo más importante, exigiría inversiones sin precedentes para aumentar la capacidad de las redes de largo alcance por parte de las telcos, lo que posiblemente haría inviable Internet tal y como la conocemos hoy. Y yendo aún más allá, la institucionalización de la contribución justa podría obligar a las big techs a prestar servicios de acceso, cambiando la dinámica actual del mercado.
Un ejemplo de este impacto ya se puede ver en Corea del Sur, donde existe una forma de regulación de la contribución justa desde 2016, lo que lleva a los OTT extranjeros a optar por el peering en el extranjero, principalmente en Japón o Hong Kong, y un precio insostenible para los proveedores para operar dentro de Corea del Sur. ¿Cuál es el resultado? Menos servicios digitales disponibles, menos innovación y menor calidad de servicio.
Además, el establecimiento de peering podría volverse más complejo debido a las particularidades de la contabilidad administrativa del tráfico inherente al modelo Fair Share, desestabilizando un mercado en el que los contratos de intercambio de tráfico se establecen generalmente de forma simple o incluso verbal. Las decisiones sobre las modalidades de interconexión dejarían de ser exclusivamente técnicas, es decir, motivadas por intereses comerciales, tecnológicos y de seguridad, ya que tendrían que adaptarse a una posible regulación de la contribución justa. Esto podría, entre otros efectos, distorsionar drásticamente la dinámica de la competencia.
Entre las posibles salidas, se suele sugerir que a partir de la institucionalización de la contribución justa se creen fondos específicos de inversión e innovación (centrados, por ejemplo, en redes de fibra óptica y 5G) para dirigir los recursos resultantes de un posible impuesto.
Conclusiones
La contribución justa sigue siendo un tema complejo y controvertido en el panorama de la gobernanza de Internet, y hay argumentos válidos a ambos lados de la discusión. Por un lado, los operadores de telecomunicaciones contribuyen significativamente al desarrollo de la infraestructura esencial que permite la transferencia de datos, un importante esfuerzo inversor que, según algunos, debería repartirse de forma más equitativa.
Sin embargo, existe el imperativo fundamental de la neutralidad de la red, que garantiza que todos los usuarios —y, por qué no, los proveedores de servicios digitales— tengan un acceso igualitario y no discriminatorio a Internet, principio que podrían vulnerar los modelos de reparto equitativo previstos.
Ahora mismo, lo más importante es encontrar un camino que sea social y económicamente sostenible y que preserve la neutralidad de la red.
¿Qué opinas de este debate?
Referencias
[1] Ericsson Mobility Report, 2023 | Ericsson
[2] Volume of data/information created, captured, copied, and consumed worldwide from 2010 to 2020, with forecasts from 2021 to 2025 | Statista
[3] Fair Share | Fair Share Initiative
[4] Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030 | European Comission
